Cada año en Chile se practican aproximadamente 160.000 abortos lo que significa que uno de cada tres embarazos termina en aborto.
Chile es uno de los pocos países del mundo en que la legislación mantiene la más absoluta penalización, cualquiera sea la razón o circunstancia por la cual se realice. Incluso se encuentra prohibido el aborto terapéutico, prohibición que fue restablecida por Pinochet en 1989 después del plebiscito.
Como consecuencia de esta legislación, su práctica se torna ilegal y por ende clandestina e insegura, lo que transforma el aborto en un verdadero problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. Evidentemente, esto afecta gravemente, en primer lugar a las mujeres y de manera dramática, a las más pobres de entre ellas.
Los riesgos y daños derivados del aborto serían totalmente evitables si las leyes prohibitivas no obligaran a las mujeres a recurrir a manipulaciones inseguras y clandestinas.
Por otra parte, el aborto ilegal y clandestino constituye un problema de justicia social ya que la posibilidad de obtener servicios médicos seguros depende solamente de los recursos económicos que disponga la mujer.
Los gobiernos que dejan instalarse esta desigualdad básica entre las mujeres son responsables de organizar una grave discriminación y violar así el principio básico de la igualdad de tratamiento para todas, de la misma manera.
Las iglesias que según sus preceptos elementales están al servicio de los más pobres y vulnerables deberían escuchar el llamado de miles y miles de mujeres que no sólo pierden la vida por abortos clandestinos sino que también dejan a familias enteras en la orfandad y la soledad… Vale entonces hacerse la siguiente pregunta: ¿Tan poco cuenta la vida de las mujeres que se les prefiere el respeto de la hipotética vida por venir?
Basta ya de hipocresías, las mujeres son seres responsables que pueden y saben escoger el momento de su maternidad.
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